12/10/10
Debía cuidar los trenes, pero los vendía
La Justicia acusó a un calificado ex funcionario del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) por haber montado un desarmadero en el que se habrían desguazado entre 600 y 700 vagones, y más de un kilómetro de rieles.
En 2003, el gobierno designó al licenciado Daniel Omar Pires como coordinador nacional de Seguridad y Resguardo Patrimonial del Organismo Nacional del Onabe. Este nombramiento puso a Pires como el máximo responsable de custodiar los bienes del Onabe. Pero, en realidad, la designación de Pires en ese cargo fue como poner al zorro a cuidar el gallinero. Hace tres días, el fiscal federal Morón Sebastián Basso pidió al juez federal de ese distrito, Jorge Rodríguez, que indagara a Pires y a otros 12 imputados por considerarlos miembros de una asociación ilícita destinada a desarmar y comercializar vagones de trenes y rieles que estaban en la playa de cargas de Haedo y pertenecían al Estado. Según el fiscal, quedó probada la existencia de un grupo organizado de personas, liderado por Pires, que se dedicó al desguace de material ferroviario en desuso que se hallaba depositado en aquel predio situado entre las vías del ex ferrocarril Sarmiento y las calles Rawson y Remedios de Escalada. Según expresó el fiscal Basso en su dictamen, "los vagones y los rieles eran vendidos a distintas empresas que, con conocimiento del origen ilícito de la mercadería, la adquirían, e incluso existen indicios de que una de esas firmas habría exportado las piezas". Pires se desempeñó como jefe de Seguridad del Onabe hasta el 30 de junio de 2005, según figura en una nota que el director ejecutivo de ese organismo, Fernando Miguel Suárez, envió al Ministerio de Seguridad bonaerense, que había requerido información sobre el funcionario acusado. Una de las pruebas que el fiscal utilizó para fundar la acusación contra Pires fue un memorando del auditor interno de la Unidad de Auditoría Interna del Onabe. En aquella nota, se informó: "Durante una inspección realizada en la estación Remedios de Escalada, se pudo observar que se estaban efectuando cortes de coches de pasajeros y vagones. Cuando se le pidieron explicaciones al encargado del almacén y taller, dijo que dichas tareas habían sido ordenadas por el coordinador de Resguardo Patrimonial y que los materiales desguazados eran trasladados al almacén Liniers". Entonces, el encargado les mostró a los inspectores dos comprobantes firmados por Pires, en los que se autorizaba el traslado de los vagones desarmados al depósito de Liniers. Cuando los auditores del Onabe fueron a Liniers para verificar si las piezas estaban allí, el jefe del depósito les dijo que nunca había recibido materiales provenientes del desguace de vagones que se realizaban en la rstación Remedios de Escalada. La investigación que derivó en la acusación contra Pires comenzó en junio de 2008, a partir de una llamada anónima que recibió Graciela Podestá, la Coordinadora Nacional de Seguridad del Onabe. Luego de escuchar al informante anónimo, la funcionaria presentó una denuncia ante el Juzgado Federal N° 2 de Morón, para que se investigara si en el predio de playa de cargas Haedo se desguazaban vagones y rieles. Por entonces, el magistrado trasladó la denuncia al fiscal federal Basso, quien consideró que había elementos suficientes para iniciar una investigación. Después de dos años, en los que se acumularon datos, testimonios y elementos sobre la actuación de Pires y de la empresa que conformó para vender las piezas de los vagones desarmados, el fiscal solicitó las indagatorias de Pires y de su pareja, quien figuraba como integrante del directorio de la firma Finca Alegranza SRL, que se encargaba del desguace de los vagones en la playa de cargas Haedo. Además, el fiscal secuestró documentación que prueba que Pires realizó esa maniobra cuando se desempeñaba como jefe de Seguridad del Onabe. Curiosamente, en esa época, Pires participó en varios allanamientos contra metalúrgicas que compraban los rieles de distintos ramales de trenes en el país. La hipótesis de los investigadores sostiene que algunas de esas empresas fueron denunciadas por Pires y que, con los años, se convirtieron en clientes de la firma que montó para vender los vagones que desarmaba. (La Nación)